Mas malo que una finca sin agua…

El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) no es una decisión técnica ni un ajuste de política pública: es un acto de irresponsabilidad estratégica disfrazado de liberalismo económico. La sabiduría campesina lo resume con crudeza: “más malo que una finca sin agua” —una expresión que mide la maldad de las personas y la pésima calidad de las cosas con la peor de las desgracias: un pedazo de tierra condenado a la esterilidad. Pues bien, resulta que, como en la ley de Murphy, todo puede empeorar. Más malo que una finca sin agua es una ciudad, un municipio o un país entero que decide no proteger sus zonas de producción de alimentos.

¿Qué son las APPA y por qué las quieren eliminar?

Las APPA fueron incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Son áreas con condiciones favorables para la producción agrícola, declaradas por el Ministerio de Agricultura, que los municipios deben incorporar en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para preservar suelos estratégicos y garantizar el derecho a la alimentación. En la práctica, cuando una zona es declarada APPA, se limita el cambio de uso del suelo para proyectos urbanos, industriales, turísticos o mineros incompatibles con su vocación agrícola.

Durante el gobierno de Petro se declararon cerca de un millón de hectáreas como APPA en más de 55 municipios.

El argumento del gobierno entrante para eliminarlas es, cuando menos, frágil: según De la Espriella, las APPA “asfixian la producción agropecuaria” y eliminarlas permitirá “recuperar la confianza de productores e inversionistas, ampliar las posibilidades de desarrollo del campo colombiano y fortalecer la oferta de alimentos mediante un modelo que prioriza la propiedad privada”. El problema es que este relato no resiste el más mínimo contraste con la realidad.

El contrasentido global: mientras el mundo protege, Colombia desprotege

Mientras el gobierno entrante de Colombia se prepara para desmontar las áreas de protección alimentaria, el gobierno de Estados Unidos —el mismo que durante décadas fue el máximo exponente del libre mercado agroindustrial— acaba de firmar una orden ejecutiva para convertir la agricultura regenerativa en prioridad federal.

El 25 de junio de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14414, titulada “Advancing Regenerative Agriculture and Strengthening American Farm Resilience”. La orden instruye al Departamento de Agricultura a expandir el Programa Piloto de Agricultura Regenerativa, crear alianzas público-privadas y ampliar el acceso de los agricultores a prácticas que fortalecen la salud del suelo y reducen insumos químicos. La orden también dirige a la EPA a priorizar el registro de herramientas alternativas de protección de cultivos y destina más de mil millones de dólares a la innovación agrícola.

Estados Unidos, donde durante años se veía la protección ambiental como una traba al desarrollo, hoy entiende que la seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional. El mundo se está moviendo hacia la protección de suelos, la reducción de dependencia de insumos externos y el fortalecimiento de la producción local de alimentos. En Colombia, el nuevo gobierno quiere avanzar en la dirección opuesta, basándose en argumentos precarios. 

El contexto que no se está dimensionando: crisis global y fenómeno El Niño

La decisión de eliminar las APPA llega en un momento de máxima vulnerabilidad global para la producción de alimentos.

• 266 millones de personas en el mundo están en riesgo de sufrir hambre aguda en 2026, y 45 millones de ellas debido al conflicto en Oriente Medio.

• Los mercados mundiales de fertilizantes han enfrentado presiones desde principios de 2026.

• El cambio climático está acelerando la crisis alimentaria global, afectando la producción y contribuyendo a la inflación de precios.

Y, como si eso fuera poco, Colombia se enfrenta al fenómeno de El Niño 2026-2027, que ya ha comenzado a manifestarse. Más de 4,3 millones de personas en el país podrían enfrentar afectaciones severas. El IDEAM reporta una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance intensidad “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, y la Organización Meteorológica Mundial elevó al 90% la probabilidad de que se desarrolle.

Los impactos previstos son severos: alteración de los patrones de lluvia, reducción de rendimientos agrícolas, afectación de mercados y aumento de precios de los alimentos. En un escenario así, tener áreas protegidas y cercanas de producción de alimentos no es un lujo: es un seguro de vida, y acabarlas es una estupidez.

La verdadera prioridad del nuevo gobierno: especulación inmobiliaria, no soberanía alimentaria

¿Por qué un gobierno que dice querer “fortalecer la oferta de alimentos” decide eliminar precisamente la herramienta diseñada para proteger la producción de alimentos? La respuesta no está en la economía productiva, sino en la economía rentística.

Las APPA son un obstáculo para quienes ven el suelo rural no como tierra para producir comida, sino como terreno para urbanizar, especular y rentar. Eliminarlas abre la puerta a que los mejores suelos agrícolas del país —los que han sido declarados APPA— sean convertidos en proyectos inmobiliarios, parques industriales o megaproyectos turísticos. La especulación inmobiliaria siempre ha sido más rentable que la agricultura, y el nuevo gobierno parece decidido a facilitar ese negocio.

Desde el Ministerio de Agricultura saliente lo han advertido con claridad: eliminar las APPA “debilitaría los instrumentos destinados a prevenir la degradación de los suelos, aumentaría la presión sobre las áreas productivas y comprometería la capacidad del país para garantizar la producción sostenible de alimentos”. No es una opinión: es un hecho técnico.

Lo que está en juego: el costo de la comida y la calidad de vida en las ciudades

A nadie le hace daño que haya APPA. No restringen la propiedad privada ni impiden el desarrollo económico. Lo que hacen es establecer una regla clara: estos suelos son para producir alimentos, no para especular.

Pero muy pronto veremos las consecuencias de eliminarlas. Las ciudades que no tengan entornos protectores que produzcan alimento para abastecer su demanda verán cómo el costo de vida se dispara. Cuando los precios de los alimentos suben por desabastecimiento, la ciudad se vuelve menos atractiva para vivir, los más pobres son los primeros en sufrir y la conflictividad social aumenta.

Las APPA aseguran abastecimiento en tiempos de crisis. Y vienen tiempos de crisis: El Niño recargado, conflictos internacionales que afectan las cadenas de suministro, precios de fertilizantes por las nubes. En ese escenario, tener comida cerca no es una opción: es una necesidad estratégica.

Conclusión: un retroceso que pagaremos todos

El Ministerio de Agricultura lo ha dicho sin ambages: derogar las APPA “representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos”.

La disputa ideológica no puede llevar que Colombia sea alcahueta de decisiones estúpidas. Se trata de proteger la capacidad del país para alimentar a su propia gente. Mientras el mundo —incluido el gobierno de Donald Trump, el menos sospechoso de ecologismo— avanza hacia la protección de suelos y la agricultura regenerativa, Colombia se prepara para desmontar sus áreas de protección alimentaria.

Más malo que una finca sin agua es un gobierno que decide, con plena conciencia, dejar a su país sin protección alimentaria. La historia juzgará esta decisión. Mientras tanto, el costo lo pagaremos todos: en la mesa, en el bolsillo y en la estabilidad de nuestras ciudades.

Artículo de opinión de Economía Progresista (www.economiaprogresista.com)